
“Las fallas más graves detectadas en las inspecciones realizadas son la falta de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas, riesgos de caída de altura por falta de barandas, ausencia de pantallas de protección para evitar caída de materiales, carencia de puertas reglamentarias en el montacargas y riesgo de desmoronamiento de las paredes de las excavaciones”, manifestó el Superintendente Juan González Gaviola. Y aclaró que mientras se mantengan las clausuras, los trabajadores –un poco más de 300 asalariados– deben cobrar íntegramente sus salarios.
“Ahora, hasta tanto no haya evidencias de que esas falencias fueron solucionadas y los contratistas garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad, las obras seguirán suspendidas”, afirmó González Gaviola.
La construcción es una de las actividades más riesgosas. Sobre 400.000 trabajadores registrados, y aunque viene en descenso, a nivel nacional el sector registra más de 60.000 accidentes laborales por año, de los cuales el 23% se producen en la Capital Federal.
En lo que va de este año, hay un aumento de los permisos de construcción, una recuperación del volumen de proyectos de construcción en la Ciudad y una mayor ocupación. Pero junto a ese incremento, hay también un aumento de los riesgos en materia laboral.
En lo que va de este año, hay un aumento de los permisos de construcción, una recuperación del volumen de proyectos de construcción en la Ciudad y una mayor ocupación. Pero junto a ese incremento, hay también un aumento de los riesgos en materia laboral.
Así, las ART denunciaron a 367 obras en construcción en peligro por no cumplir ni con las normas de accidentes laborales ni con las recomendaciones de prevención expresadas por las mismas Aseguradoras. En tanto las denuncias de la UOCRA suman varios miles. Solamente en mayo el sindicato hizo 400 denuncias.
De acuerdo a la legislación, el poder de inspección es responsabilidad de cada una de las provincias o distritos, salvo en puertos, aeropuertos u obras públicas o que haya riesgo o peligro de accidente, en esos casos, puede intervenir la Superintendencia.
“Las inspecciones confirmaron las denuncias, los riesgos y los peligros. Ahora vamos a ampliar las inspecciones a la Provincia de Buenos Aires y a Córdoba. Pero se necesita que las provincias activen sus inspecciones porque, a pesar de los avances, sigue existiendo una alta siniestralidad”, aseguró González Gaviola.
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